España vaciada: 12 propuestas para fomentar su repoblación

España tiene un problema territorial bastante peculiar. Mientras Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o las islas soportan una presión creciente sobre la vivienda y las infraestructuras, miles de pueblos y amplias zonas del interior disponen de viviendas, suelo y servicios que pierden usuarios año tras año.

El INE contabilizaba a comienzos de 2025 nada menos que 4.975 municipios con menos de 1.000 habitantes. Son más del 60% de todos los municipios españoles, aunque apenas reúnen alrededor del 3% de la población.

A mí me interesa plantear el problema desde los incentivos. Si vivir en Madrid implica mejores salarios, más empleo, más empresas y mejores conexiones, mientras instalarse en una provincia despoblada ofrece prácticamente la misma fiscalidad y menos oportunidades, no debería sorprendernos que la población se concentre.

La hipótesis que quiero explorar en este artículo es diferente: ¿qué ocurriría si España utilizara de verdad la fiscalidad para hacer extraordinariamente atractivo vivir y crear empresas en las zonas con menor densidad de población?

No hablo de subvencionar indefinidamente pueblos sin actividad. Hablo de crear condiciones económicas suficientemente diferentes como para que trabajadores remotos, empresarios, inversores, familias y extranjeros considerasen racional instalarse allí.

Antes de nada: ¿qué territorios deberían beneficiarse?

Utilizaría criterios objetivos y revisables, no una lista política de provincias favorecidas.

Una posibilidad sería incluir al 40% de provincias españolas con menor densidad de población. Otra, probablemente más precisa, sería combinar densidad provincial con población y evolución demográfica municipal.

Esto último es importante. Lleida o Huesca tienen enormes extensiones poco pobladas, pero también capitales y determinadas localidades que no sufren el mismo problema. Aplicar exactamente el mismo incentivo a cada metro cuadrado de una provincia sería bastante rudimentario.

Un sistema más fino podría distinguir entre zonas de baja densidad, despoblación severa y despoblación extrema, actualizando el mapa cada cinco años.

Ya existe un precedente. Cuenca, Soria y Teruel han disfrutado de reducciones de cotizaciones precisamente por encontrarse por debajo de determinados umbrales de densidad. Por tanto, la discriminación territorial positiva no sería una idea completamente nueva.

En el mapa de renta de España puede verse además hasta qué punto la distribución económica española cambia entre territorios y municipios.

1. Una reducción muy importante del IRPF por residencia efectiva

Esta sería probablemente la medida con mayor capacidad para atraer trabajadores de rentas medias y altas.

En lugar de una pequeña deducción autonómica, podría establecerse una reducción sustancial de la carga efectiva del IRPF, por ejemplo del entorno del 30% o 40% respecto a la tributación ordinaria, condicionada a residir realmente en una zona elegible.

Pensemos en un programador, consultor, creador digital o empresario que trabaja por internet y gana 100.000 euros anuales.

Actualmente puede comparar Barcelona con Lisboa, Dubái o Andorra. Una fiscalidad territorial muy diferenciada introduciría otra opción: Huesca, Teruel, Soria, Zamora, Ourense o determinados municipios de Lleida.

El fenómeno del nómada digital dejaría así de ser exclusivamente internacional. España podría competir consigo misma por esos contribuyentes.

Eso sí, el régimen necesitaría requisitos estrictos de residencia efectiva para evitar empadronamientos ficticios. No bastaría con tener allí una segunda residencia.

2. Bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio

Una segunda herramienta sería reducir o bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio para residentes efectivos de estas zonas.

La lógica sería especialmente relevante para empresarios, profesionales con patrimonio acumulado o personas que están valorando trasladar su residencia fiscal fuera de España.

Ahora bien, aquí existe una dificultad que conviene explicar. La comparación con Madrid ya no es tan sencilla como decir que allí existe una bonificación del 100%. Mientras continúe vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, los patrimonios elevados pueden seguir soportando tributación estatal aunque exista una bonificación autonómica.

Por tanto, para crear un incentivo realmente potente sería necesario coordinar Patrimonio y el gravamen estatal sobre grandes fortunas.

Desde un punto de vista recaudatorio, la cuestión interesante sería comprobar si una menor tributación por contribuyente podría compensarse parcialmente mediante más contribuyentes residentes, consumo local, actividad empresarial e impuestos indirectos. Es una hipótesis que debería evaluarse con datos, no darse por garantizada.

3. ITP reducido para comprar vivienda

Comprar una vivienda en una zona despoblada podría soportar un Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales considerablemente inferior al ordinario.

Por ejemplo, una reducción del 50% para vivienda habitual, condicionada a mantener la residencia durante un periodo mínimo.

Esto reduciría el coste inicial de mudarse, precisamente uno de los momentos en los que una familia soporta más gastos.

También podría diseñarse una reducción adicional para rehabilitar viviendas abandonadas. España tiene pueblos donde faltan habitantes, pero no necesariamente edificios: hay muchísimo patrimonio inmobiliario infrautilizado.

El contraste con zonas donde comprar vivienda se ha convertido en una barrera económica importante se aprecia bien al calcular qué casa puede permitirse una familia según su sueldo.

4. Fiscalidad especial para extranjeros durante 7-10 años

El mismo sistema podría abrirse temporalmente a nuevos residentes extranjeros.

España ya compite por talento internacional y dispone de mecanismos específicos para teletrabajadores internacionales. Una versión territorial podría vincular determinados incentivos fiscales a la residencia en las zonas con mayores problemas demográficos.

El beneficio podría durar, por ejemplo, siete o diez años. Después, el contribuyente pasaría progresivamente al régimen general.

Eso evitaría convertir la excepción en permanente y daría tiempo suficiente para que muchas personas comprasen vivienda, escolarizasen a sus hijos, creasen empresas o desarrollasen vínculos locales.

La inmigración económica tampoco tendría por qué concentrarse siempre en Madrid, Barcelona, Málaga o Alicante.

5. Cotizaciones sociales mucho menores para las empresas

Aquí veo una herramienta especialmente potente desde el punto de vista económico.

Una empresa que cree empleo estable en una zona despoblada podría pagar cotizaciones empresariales significativamente inferiores durante los primeros años.

España ya utiliza reducciones específicas en Cuenca, Soria y Teruel, incluyendo mayores incentivos para determinados contratos en municipios pequeños.

Ampliar el concepto permitiría que instalar una fábrica, un centro logístico o una oficina de 200 trabajadores fuera estructuralmente más barato en una zona despoblada que en Madrid.

Eso empieza a cambiar decisiones empresariales reales.

6. Un plan de reindustrialización territorial

No todo puede depender del teletrabajo.

La España vaciada necesita también fábricas, logística, energía, agroindustria, centros tecnológicos y empresas capaces de generar cientos de empleos.

Podrían combinarse suelo industrial barato, amortización acelerada de inversiones, reducciones del Impuesto sobre Sociedades compatibles con la normativa europea, ayudas a costes laborales y financiación de instalaciones.

En Europa ya existe un marco especial para determinadas ayudas regionales en zonas poco pobladas. La clave estaría en utilizar ese margen de forma más sistemática.

Y aquí también importa simplificar la creación empresarial. En España existen numerosas formas jurídicas de empresa, pero la burocracia y la incertidumbre administrativa pueden pesar especialmente en proyectos industriales complejos.

7. Suelo industrial prácticamente gratuito a cambio de empleo

Muchos ayuntamientos rurales disponen de terreno mientras las grandes áreas metropolitanas tienen costes inmobiliarios enormes.

En determinadas zonas, el suelo industrial público podría cederse mediante concesiones largas o a precios muy bajos a empresas que se comprometan a realizar una inversión mínima y mantener un determinado número de empleos durante diez o quince años.

Si incumplen, pierden el beneficio.

De esa manera el incentivo se vincula a actividad económica real, no simplemente a trasladar una dirección fiscal.

8. Vivienda pública rural centrada en atraer trabajadores

Hay una contradicción interesante: España tiene pueblos llenos de casas vacías y ciudades donde encontrar vivienda es dificilísimo.

Una política posible sería adquirir y rehabilitar inmuebles abandonados para ofrecer alquileres asequibles a profesionales sanitarios, profesores, policías, trabajadores públicos y empleados de empresas que se instalen en esas zonas.

No hablo necesariamente de construir. En muchos lugares tendría más sentido rehabilitar lo que ya existe.

También se podría facilitar financiación para la compra y rehabilitación de vivienda habitual. La existencia de hipotecas a tipo fijo sirve de poco si el inmueble rural necesita 100.000 euros de reforma que el banco no quiere financiar.

9. Garantizar servicios públicos a una distancia razonable

Los impuestos importan, pero no solucionan todo.

Una familia con hijos difícilmente se trasladará a un municipio donde acceder a colegio, médico o determinados servicios implica recorrer constantemente enormes distancias.

La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial aprobada en 2026 plantea precisamente el concepto de un 'País de los 30 minutos', buscando que los ciudadanos puedan acceder a servicios esenciales en tiempos razonables.

Sin esa capa de servicios, el incentivo fiscal pierde eficacia.

10. Convertir pequeñas ciudades en polos regionales

Creo que uno de los errores habituales al hablar de repoblación consiste en imaginar que debemos devolver cada pueblo de 200 habitantes a su máximo histórico.

Probablemente no sea realista.

Una alternativa es fortalecer cabeceras comarcales y pequeñas ciudades: Soria, Teruel, Huesca, Zamora, Lugo, Ourense o Ponferrada pueden funcionar como polos capaces de sostener hospitales, universidades, comercio, ocio y empresas para territorios rurales mucho más extensos.

La repoblación no tiene por qué significar dispersar uniformemente a la población. Puede significar crear una red de ciudades pequeñas económicamente viables.

Eso también podría reducir parte de la enorme diferencia que muestra la renta media entre las provincias españolas.

11. Universidades, FP y organismos públicos como política territorial

Cuando una universidad, un centro de formación profesional o una institución pública reúne a cientos de trabajadores y estudiantes, genera una pequeña economía alrededor.

Restaurantes, alquileres, comercios, transporte y servicios privados aparecen detrás.

Parte de los nuevos organismos públicos, centros de investigación o titulaciones especializadas podrían localizarse fuera de las grandes capitales cuando la actividad no requiriese estar físicamente en Madrid.

La descentralización institucional por sí sola no repuebla un territorio, pero puede ayudar a generar masa crítica.

12. Medir resultados y retirar incentivos cuando dejen de ser necesarios

Este último punto me parece especialmente importante porque cualquier política territorial genera riesgos.

Una bonificación fiscal mal diseñada puede terminar subvencionando a personas que se habrían mudado igualmente. Una empresa puede cobrar ayudas y marcharse cinco años después. Una localidad que se desarrolla rápidamente podría seguir disfrutando indefinidamente de ventajas creadas para combatir una despoblación que ya no existe.

Por eso el mapa debería revisarse periódicamente.

Si una zona supera determinados niveles de población, renta, empleo y densidad durante varios años, los incentivos podrían reducirse gradualmente.

Del mismo modo, deberían publicarse datos sobre coste fiscal, residentes atraídos, empresas creadas, salarios y empleo generado.

El objetivo sería cambiar incentivos, no subvencionar pueblos

España dedica desde hace años dinero y programas al reto demográfico. El debate interesante no es únicamente cuánto gastar, sino qué decisiones económicas queremos que resulten atractivas.

Hoy un profesional remoto de renta alta puede encontrar ventajas económicas trasladándose a otro país. Una empresa puede concentrar sus oficinas en Madrid. Un joven nacido en un pueblo pequeño encuentra muchas más oportunidades laborales marchándose que quedándose.

La consecuencia agregada aparece en algunos de los principales problemas sociales y económicos de España: vivienda tensionada en determinados territorios y pérdida de población y envejecimiento en otros.

Una fiscalidad territorial muy diferenciada modificaría esa ecuación, aunque también tendría costes: menor recaudación inicial por determinados impuestos, riesgo de fraude residencial, competencia fiscal entre territorios y posibles efectos distributivos que habría que medir.

Por eso no considero que exista una medida mágica.

Pero sí hay una idea que merece ser estudiada: si queremos que personas y empresas se instalen donde hoy casi nadie quiere hacerlo, vivir allí tiene que ofrecer alguna ventaja suficientemente importante como para compensar sus inconvenientes.

Un descuento testimonial probablemente no cambie una vida. Una diferencia sustancial en impuestos, vivienda, coste empresarial y calidad de los servicios sí podría cambiar decisiones.

Y quizá el debate sobre la España vaciada debería empezar precisamente ahí: no preguntándonos cómo convencer a la gente para que vuelva al pueblo, sino qué tendría que cambiar para que hacerlo volviera a resultar económicamente racional.