Las 12 diferencias entre empresa pública y empresa privada

Las empresas públicas y privadas participan en la actividad económica, producen bienes, prestan servicios y generan empleo. Sin embargo, presentan diferencias importantes en su propiedad, objetivos, financiación y mecanismos de control. Estas particularidades influyen en su funcionamiento y en las decisiones de sus responsables.

En España encontramos empresas públicas como Correos o Navantia, junto a millones de negocios privados, desde pequeñas sociedades familiares hasta multinacionales cotizadas. Aunque todas pueden operar en mercados competitivos, sus propietarios no persiguen necesariamente los mismos objetivos.

Una confusión habitual consiste en considerar que las empresas públicas dependen siempre de los impuestos y que las privadas funcionan exclusivamente con sus propios ingresos. La realidad es bastante más compleja. Una empresa pública puede obtener beneficios y competir internacionalmente, mientras que una privada puede recibir subvenciones y prestar servicios públicos.

Para comprender estas diferencias conviene analizar primero qué caracteriza a cada modelo empresarial.

¿Qué es una empresa pública?

Una empresa pública es una organización económica sobre la que una Administración u otra entidad pública ejerce propiedad o control, de acuerdo con los criterios jurídicos aplicables.

En España, la Ley 40/2015 establece que una sociedad mercantil estatal puede tener esa condición cuando la participación estatal directa supera el 50% del capital o cuando concurren determinadas circunstancias de control previstas legalmente.

Las empresas públicas pueden desarrollar actividades comerciales, gestionar infraestructuras o atender necesidades consideradas estratégicas. Su actuación puede combinar objetivos económicos y obligaciones de interés general.

Conviene distinguirlas de los ministerios, ayuntamientos y organismos administrativos: pertenecer al sector público no significa necesariamente tener naturaleza empresarial.

¿Qué es una empresa privada?

Una empresa privada es una organización económica cuya propiedad y control corresponden a personas físicas o entidades privadas, sin que exista un control público que determine su clasificación como empresa estatal.

Puede adoptar distintas formas jurídicas, como una sociedad limitada o una sociedad anónima. También puede ser desarrollada por un empresario individual.

Sus propietarios asumen los derechos económicos y las responsabilidades correspondientes a su estructura jurídica. Generalmente busca obtener beneficios y asegurar su continuidad, aunque también puede incorporar objetivos sociales o medioambientales.

En nuestro artículo sobre los 11 tipos de empresas en España explicamos las principales formas de organización empresarial reconocidas por el ordenamiento español.

Tabla comparativa: empresa pública frente a empresa privada

Estas diferencias describen tendencias y marcos jurídicos, no reglas absolutas aplicables a cualquier entidad.

Las 12 principales diferencias entre empresa pública y privada

1. La titularidad del capital y el control empresarial

La diferencia más determinante es quién controla la organización.

En una empresa privada, las decisiones últimas corresponden a sus propietarios, directamente o mediante los órganos societarios. En una empresa pública, ese control lo ejerce una Administración o entidad del sector público.

No obstante, la participación estatal puede ser minoritaria. Tener acciones de una compañía no equivale necesariamente a controlarla. Es posible encontrar sociedades con capital mixto, donde conviven accionistas públicos y privados.

El porcentaje accionarial y los derechos efectivos de control deben examinarse conjuntamente.

2. Los objetivos económicos y sociales

Las empresas privadas suelen orientar sus decisiones hacia la rentabilidad, el crecimiento y la creación de valor para sus propietarios.

Las públicas pueden perseguir también objetivos de interés general: asegurar determinados servicios, mantener capacidades industriales estratégicas o mejorar la cohesión territorial.

La OCDE recomienda que los Estados definan expresamente las razones que justifican mantener empresas bajo propiedad pública.

Esto no implica que una compañía pública deba funcionar con pérdidas. La eficiencia económica sigue siendo relevante, aunque sus resultados deban evaluarse considerando las obligaciones asignadas.

3. Las fuentes de financiación

Una empresa privada puede financiarse mediante aportaciones de capital, beneficios retenidos, préstamos o emisiones de valores.

Una empresa pública dispone de instrumentos semejantes, pero también puede recibir aportaciones presupuestarias o compensaciones por obligaciones de servicio público cuando corresponda legalmente.

Ser estatal no garantiza el acceso ilimitado a fondos públicos ni implica que todas sus deudas estén avaladas por el Estado.

En ambos modelos conviene distinguir financiación y rentabilidad, conceptos desarrollados en nuestro diccionario de finanzas.

4. La composición de los órganos de gobierno

En las sociedades privadas, los accionistas o socios participan en la designación de los administradores conforme a la legislación societaria y los estatutos.

En las empresas públicas, el propietario estatal ejerce sus derechos sobre la dirección y supervisión empresarial.

Esta relación puede introducir objetivos políticos legítimos, pero también riesgos de nombramientos poco profesionales o interferencias indebidas.

Las directrices de la OCDE de 2024 recomiendan órganos de administración competentes, procedimientos transparentes y suficiente autonomía operativa respecto del Gobierno.

5. El régimen jurídico aplicable

Las empresas privadas están sometidas principalmente al derecho mercantil, laboral, tributario y a la regulación específica de su sector.

Las sociedades mercantiles estatales también se rigen ampliamente por el derecho privado, pero incorporan obligaciones adicionales en contratación, presupuestos, personal y control económico-financiero.

El artículo 113 de la Ley 40/2015 recoge esta combinación normativa.

Por eso resulta incorrecto afirmar que toda empresa pública funciona como una Administración o que sus empleados son necesariamente funcionarios.

6. La contratación de proveedores

Una empresa privada dispone, por regla general, de mayor libertad para seleccionar proveedores y negociar condiciones, respetando la legislación correspondiente.

Las entidades empresariales del sector público están sometidas a las reglas que les correspondan de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Ahora bien, no todas las sociedades públicas tienen la misma consideración jurídica como poderes adjudicadores, ni aplican idénticos procedimientos.

La contratación pública busca reforzar principios como transparencia, concurrencia e igualdad de trato, aunque puede exigir trámites adicionales.

7. La selección y contratación de trabajadores

Las empresas privadas pueden organizar sus procesos de selección de acuerdo con sus necesidades, dentro de los límites laborales y antidiscriminatorios.

Las sociedades públicas suelen estar sujetas a exigencias adicionales relativas a publicidad, igualdad, mérito, capacidad y control de plantillas, según su régimen aplicable.

Sin embargo, trabajar en una sociedad mercantil estatal no convierte automáticamente a una persona en funcionaria. Sus trabajadores pueden mantener relaciones laborales ordinarias.

La diferencia debe buscarse en la normativa concreta de cada organización, no únicamente en su propietario.

8. Las obligaciones de transparencia y fiscalización

Las empresas privadas presentan cuentas y cumplen obligaciones informativas según su forma jurídica, tamaño y actividad. Las cotizadas soportan exigencias especialmente amplias.

Las públicas están sometidas además a mecanismos de transparencia y fiscalización vinculados a su pertenencia al sector público.

La Ley 19/2013 incluye entre sus sujetos obligados a sociedades con participación pública superior al 50% en los términos que establece.

La finalidad es permitir que ciudadanos e instituciones conozcan cómo se administran determinados recursos colectivos.

9. El destino de los beneficios

Una empresa privada puede reinvertir sus beneficios, acumular reservas o distribuir dividendos, respetando sus obligaciones legales.

Una empresa pública también puede generar beneficios, reinvertirlos o distribuirlos a sus accionistas públicos y privados, si existen.

El resultado económico no debe confundirse con la disponibilidad de efectivo: una compañía rentable puede tener dificultades de tesorería.

Esta distinción se explica en nuestro artículo sobre las diferencias entre contabilidad y finanzas.

10. La responsabilidad frente a las pérdidas

En una empresa privada, las pérdidas afectan al patrimonio empresarial y, según la estructura jurídica, pueden comprometer el capital de los socios o generar responsabilidades adicionales.

En las empresas públicas, las pérdidas también tienen consecuencias patrimoniales. Si el propietario público aporta nuevos recursos, parte del coste puede trasladarse a las finanzas públicas.

Pero no todas las pérdidas empresariales se cubren automáticamente mediante impuestos.

El endeudamiento y la sostenibilidad financiera deben examinarse individualmente. En este sentido, resulta útil conocer los diferentes tipos de deuda.

11. La competencia y la formación de precios

Las empresas privadas suelen competir ofreciendo productos y servicios en condiciones de mercado, aunque algunas operan en sectores regulados o disfrutan de derechos exclusivos.

Las públicas también pueden competir. Otras cumplen obligaciones de servicio público o desarrollan actividades con características de monopolio natural.

La propiedad, por sí sola, no determina los precios.

La OCDE recomienda evitar ventajas competitivas injustificadas derivadas de la titularidad estatal, salvo las medidas legítimas y transparentes vinculadas a objetivos públicos. Esta cuestión conecta con la distinción entre economía y finanzas, especialmente cuando evaluamos eficiencia y bienestar social.

12. La posibilidad de privatización o nacionalización

Una empresa pública puede pasar a manos privadas mediante un proceso de privatización. Una compañía privada también puede convertirse en pública si el Estado adquiere su control conforme a la legislación aplicable.

Estos cambios pueden responder a objetivos económicos, presupuestarios o estratégicos.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) documenta tanto su cartera empresarial como los procesos históricos de privatización realizados en España.

Ninguna transformación garantiza por sí misma mejores resultados. Su evaluación exige comparar costes, calidad del servicio, competencia y consecuencias sobre las cuentas públicas.

Ejemplos de empresas públicas y privadas en España

La naturaleza jurídica se entiende mejor mediante casos concretos.

Correos, Navantia y Tragsa figuran entre las participadas mayoritarias del Grupo SEPI.

Inditex, por su parte, sirve para aclarar una confusión terminológica: cotizar en bolsa no convierte a una empresa en pública en el sentido de propiedad estatal. Aunque sus acciones puedan negociarse públicamente, continúa siendo una sociedad de control privado.

¿Es mejor una empresa pública o una privada?

No existe una superioridad universal de uno de los modelos.

Una empresa privada puede responder rápidamente a las señales del mercado, pero también reducir actividades socialmente necesarias cuando no resultan rentables. Una empresa pública puede atender esas necesidades, aunque corre el riesgo de sufrir interferencias políticas o una supervisión económica deficiente.

Para evaluar su funcionamiento utilizaría indicadores comparables: productividad, calidad del servicio, costes, rentabilidad del capital y cumplimiento de objetivos.

La propiedad es una característica institucional. La buena gestión debe demostrarse mediante resultados verificables.