Los 25 barrios más peligrosos de España (según los datos)

¿Cuáles son los barrios más peligrosos de España? La respuesta resulta bastante más complicada de lo que sugieren los habituales rankings que circulan por Internet. Hay zonas donde se concentran robos y hurtos, otras afectadas por el narcotráfico y algunas donde el principal problema es una combinación de pobreza, infravivienda y abandono institucional.

Conviene empezar por una precisión: España no dispone de una clasificación oficial de criminalidad que permita ordenar todos sus barrios con una metodología homogénea. El Ministerio del Interior publica balances fundamentalmente municipales, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona datos económicos a escalas territoriales mucho más pequeñas.

Para elaborar esta selección he utilizado los Indicadores Urbanos del INE, el Catálogo de Barrios Vulnerables de 2021 publicado por la Universidad Politécnica de Madrid en 2026, estadísticas policiales y documentación de administraciones locales.

El resultado identifica 25 zonas con problemas relevantes, aunque el orden es editorial y no constituye un ranking estadístico de delitos. Tampoco debe interpretarse que sus residentes sean peligrosos: en muchos casos son precisamente quienes más sufren la delincuencia y la falta de servicios.

Cómo se ha elaborado esta clasificación

He considerado cuatro dimensiones diferentes:

El Catálogo de Barrios Vulnerables de 2021 identificó 993 barrios vulnerables en 153 ciudades españolas. Su metodología incorpora indicadores sociales y residenciales, pero no mide cuántos delitos se cometen en cada barrio.

Por tanto, diferenciaré los territorios con incidentes policiales documentados de aquellos cuya inclusión responde fundamentalmente a vulnerabilidad urbana.

Los 25 barrios más peligrosos o vulnerables de España

La tabla combina evidencias de naturaleza diferente. No sería correcto asignar una puntuación de peligrosidad de 0 a 100 sin disponer de tasas delictivas comparables para los 25 territorios.

1. Polígono Sur (Sevilla)

Conocido popularmente por las Tres Mil Viviendas, Polígono Sur reúne problemas históricos de desempleo, deterioro residencial y actividad de grupos criminales en determinados sectores.

Ha sido escenario de importantes operaciones policiales contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. También dispone de programas públicos de intervención social.

El INE situó la renta neta media de la zona estadística 5-A, correspondiente a Polígono Sur, en 7.422 euros por habitante en 2023, una de las más bajas de las grandes ciudades españolas.

2. La Mina (Sant Adrià de Besòs)

La Mina presenta algunos de los incidentes de violencia organizada mejor documentados de esta selección.

En enero de 2025 se produjo un tiroteo entre grupos vinculados al narcotráfico. En marzo, una operación de unos 350 agentes de los Mossos d'Esquadra terminó con once detenidos en investigaciones relacionadas con aquellos hechos y el tráfico de drogas.

Conviene distinguir estos episodios de la actividad cotidiana del conjunto de residentes, muchos de los cuales reclaman mayor seguridad.

3. Príncipe Alfonso (Ceuta)

Este barrio periférico arrastra dificultades relacionadas con desempleo, precariedad residencial y acceso a oportunidades económicas.

También registra antecedentes de operaciones policiales vinculadas a delitos violentos y armas. En 2026 ha adquirido protagonismo por la acogida informal de personas migrantes en situación vulnerable.

Su realidad combina problemas de seguridad con una red vecinal de apoyo que suele recibir mucha menos atención mediática.

4. El Raval (Barcelona)

El Raval pertenece al distrito de Ciutat Vella, uno de los territorios barceloneses con mayor actividad delictiva registrada.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, Ciutat Vella pasó de 44.430 a 38.513 hechos delictivos conocidos, una reducción del 13,3%. El 88% correspondía a delitos contra el patrimonio.

Estas cifras pertenecen al distrito completo, no exclusivamente al Raval. La elevada afluencia turística también influye en su criminalidad registrada. Puede observarse su diversidad económica en nuestro mapa de renta de Barcelona.

5. Los Pajaritos (Sevilla)

Los Pajaritos aparece recurrentemente entre las zonas españolas con menores ingresos.

Según el INE, el área estadística 4-E de Sevilla, que comprende Los Pajaritos y Amate, registró 7.311 euros de renta neta media anual por habitante en 2023.

El envejecimiento de viviendas y los problemas socioeconómicos explican buena parte de su vulnerabilidad. No obstante, esa cifra no demuestra que tenga una tasa delictiva superior a otros barrios.

6. Juan XXIII (Alicante)

La zona estadística 4-A de Alicante, que incluye mayoritariamente Juan XXIII, registró una renta media anual por habitante de 7.704 euros en 2023.

Su inclusión responde principalmente a problemas económicos y de regeneración urbana. Es necesario diferenciar esos indicadores de los delitos efectivamente denunciados.

7. Font de la Pólvora (Girona)

En junio de 2024, un tiroteo durante la verbena de San Juan terminó con dos personas fallecidas y otras dos heridas graves.

Los Mossos investigaron los hechos y comunicaron en septiembre la detención de seis personas relacionadas con el caso.

La gravedad de aquel episodio justifica estudiar este barrio desde la perspectiva de la seguridad, aunque un suceso excepcional no permite calcular su peligrosidad habitual.

8. La Coma (Paterna)

La Coma es una zona residencial de Paterna que ha protagonizado episodios de violencia con armas y mantiene problemas históricos de vulnerabilidad social.

En agosto de 2026 se informó de cuatro detenciones relacionadas con un tiroteo ocurrido en marzo.

La intervención social y la seguridad deben analizarse conjuntamente, sin atribuir comportamientos delictivos a toda la población.

9. Son Gotleu (Palma)

Son Gotleu ha sido escenario de actuaciones policiales contra puntos de venta de estupefacientes.

En noviembre de 2025, una operación conjunta de Policía Nacional y Policía Local terminó con tres detenidos, 70 identificados y 64 denuncias administrativas.

Estos operativos permiten documentar problemas concretos de seguridad, pero no constituyen una tasa anual de criminalidad comparable con otros barrios.

10. San Cristóbal (Madrid)

Situado en Villaverde, San Cristóbal destaca por sus dificultades socioeconómicas.

El INE registró una renta neta media anual por habitante de 8.040 euros en 2023, entre los valores más bajos de las grandes ciudades.

La vulnerabilidad económica constituye el principal dato sólido para incluirlo, más allá de su reputación pública. Nuestro mapa de renta de Madrid permite contextualizar estas diferencias territoriales.

11. La Palmilla (Málaga)

La Palmilla forma parte de una de las zonas malagueñas con mayores necesidades de intervención social.

El INE atribuyó 9.530 euros por habitante en 2023 al ámbito estadístico Rosaleda-Palma-Palmilla, que comprende una zona más extensa que el barrio.

La precariedad residencial y los desequilibrios económicos pesan considerablemente en su diagnóstico urbano.

12. Sant Roc (Badalona)

El índice socioeconómico territorial de Cataluña, con referencia 2022, identificó valores especialmente reducidos en sectores de Sant Roc.

El sector oeste próximo a la plaza de Camarón de la Isla registraba un índice de 51,5, frente a una referencia catalana de 100.

Este indicador mide condiciones sociales y económicas, no delitos. El barrio también participa en programas públicos de transformación urbana.

13. Cañada Real, sectores 5 y 6 (Madrid y Rivas)

La Cañada Real es un asentamiento lineal, no un barrio administrativo convencional. Sus diferentes sectores presentan situaciones muy distintas.

Los sectores 5 y 6 han sufrido graves problemas de suministro eléctrico y precariedad residencial. En octubre de 2025 se cumplían cinco años desde los cortes prolongados denunciados por sus vecinos.

Aquí el riesgo residencial y sanitario está mejor documentado que una supuesta tasa delictiva extraordinaria.

14. El Gancho (Zaragoza)

En noviembre de 2025, la Policía Local formuló 436 denuncias durante dos semanas de vigilancia especial en El Gancho.

Conviene precisar que fueron principalmente infracciones administrativas relacionadas con limpieza e incivismo, no 436 delitos penales.

El Ayuntamiento también ha impulsado proyectos de regeneración social y rehabilitación de viviendas.

15. Azahara-Palmeras (Córdoba)

El INE atribuyó a esta zona cordobesa una renta neta media anual de 9.229 euros por habitante en 2023.

Las Palmeras lleva décadas siendo objeto de actuaciones sociales y urbanísticas. El bajo nivel de ingresos explica su inclusión por vulnerabilidad, pero no permite clasificar automáticamente a sus vecinos como población peligrosa.

16. Polígono del Guadalquivir (Córdoba)

Con 9.167 euros de renta neta media por habitante en 2023, aparece también entre las zonas de menor renta analizadas por el INE.

El desafío está relacionado con la exclusión económica y las necesidades de mejora residencial. Su posición en este listado no procede de un índice policial propio.

17. El Puche (Almería)

El Puche está reconocido por el Ayuntamiento de Almería como zona desfavorecida dentro de la estrategia ERACIS+.

Las dificultades de inserción laboral, la precariedad habitacional y la necesidad de mejorar servicios justifican intervenciones públicas específicas.

No existe aquí una tasa delictiva de barrio comparable que permita atribuirle una posición estadística entre los más peligrosos.

18. San Diego (Madrid)

San Diego pertenece al distrito de Puente de Vallecas. Su área estadística San Diego-2 registró 9.850 euros anuales por habitante en 2023.

La desigualdad económica es el indicador verificable más destacado. Debe evitarse trasladar al conjunto del barrio los incidentes de determinadas calles.

19. Pradolongo (Madrid)

En el distrito de Usera, Pradolongo presentó una renta media anual de 9.910 euros por habitante en los Indicadores Urbanos de 2025, referidos a 2023.

Su inclusión responde a vulnerabilidad socioeconómica. Para evaluar la seguridad real serían necesarios registros policiales georreferenciados y series temporales consistentes.

20. Sector Sur (Córdoba)

Sector Sur registró 9.851 euros de renta neta media por habitante en 2023.

La concentración territorial de dificultades económicas merece atención, aunque no equivale a una concentración demostrada de delitos violentos.

Esta distinción resulta especialmente relevante al consultar nuestro atlas de renta de Andalucía.

21. Pajarillos Bajos (Valladolid)

Pajarillos Bajos figura en las estadísticas del INE entre las zonas con menores gastos de alquiler de las grandes ciudades, reflejo de un mercado residencial comparativamente económico.

Sus problemas de vulnerabilidad urbana deben analizarse junto con el estado del parque residencial y los proyectos de intervención. Un alquiler barato, por sí solo, tampoco constituye evidencia de delincuencia.

22. Caamaño-Las Viudas (Valladolid)

Esta zona reúne antecedentes de actuaciones públicas dirigidas a mejorar las condiciones residenciales y sociales.

El diagnóstico está relacionado principalmente con vivienda, exclusión y desigualdad territorial. No disponemos de una tasa penal homogénea que permita situarla por encima de otros barrios en criminalidad.

23. Los Mateos (Cartagena)

Los Mateos participa en iniciativas municipales dirigidas a combatir la vulnerabilidad social y la infravivienda.

En 2026 continuaron los trabajos vinculados a la descontaminación de determinados terrenos, acompañados de preocupación vecinal por la seguridad ambiental.

Este caso demuestra que un territorio puede presentar riesgos importantes para sus habitantes sin que estos sean necesariamente riesgos de delincuencia.

24. Las Asperones (Málaga)

Las Asperones constituye uno de los ejemplos más conocidos de segregación residencial persistente en Málaga.

El aislamiento urbano, las dificultades socioeconómicas y las necesidades de realojamiento explican su presencia en estudios y debates sobre exclusión.

Su consideración como zona vulnerable no debe confundirse con una demostración de elevada criminalidad.

25. La Chanca-Pescadería (Almería)

La Chanca-Pescadería figura entre los territorios seleccionados para intervenciones de cohesión e inclusión social del Ayuntamiento de Almería.

Los problemas económicos, la rehabilitación de viviendas y la integración urbana son los principales factores documentados.

Como ocurre en otros barrios históricos, existen realidades muy diferentes entre unas calles y otras.

Qué revelan realmente los datos de criminalidad

La edición de Indicadores Urbanos 2025 del INE situó a Barcelona en 111,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes durante 2023. Sant Adrià de Besòs registró 97,7.

Pero estas cifras corresponden a municipios completos, no al Raval ni a La Mina. Además, los centros turísticos pueden registrar numerosos delitos cometidos contra visitantes, elevando las tasas calculadas sobre población residente.

La Encuesta de Victimización de Barcelona ofrece una comparación adicional: en 2024, el índice de victimización en seguridad personal fue del 24,9% en Ciutat Vella, frente al 17,3% de Barcelona. Son porcentajes de personas encuestadas que declararon haber sufrido hechos determinados, no tasas de delitos policiales.

Pobreza, marginalidad y delincuencia: tres conceptos distintos

La pobreza puede aumentar la exposición a determinados riesgos y debilitar la capacidad de una comunidad para afrontarlos. Pero establecer una relación automática entre ingresos bajos y delincuencia sería un error.

De hecho, las zonas comerciales y turísticas pueden concentrar numerosos hurtos pese a tener residentes con rentas relativamente elevadas. Mientras tanto, algunas áreas empobrecidas presentan sobre todo problemas de desempleo, infraestructura y vivienda.

La diferencia se aprecia al comparar el mapa de renta de Sevilla con sus indicadores policiales. También puede profundizarse en el reparto territorial de renta por provincias y los principales problemas sociales y económicos de España.

Qué barrios presentan los riesgos más claramente documentados

Si restringimos el análisis a episodios concretos de violencia armada o narcotráfico, La Mina, Polígono Sur, Font de la Pólvora, Son Gotleu y La Coma cuentan con antecedentes policiales relevantes. El Raval destaca por su pertenencia a Ciutat Vella, donde existe una concentración elevada de delitos patrimoniales documentados.

En cambio, para Juan XXIII, San Cristóbal, Azahara-Palmeras o Pradolongo, los datos destacados aquí describen principalmente vulnerabilidad económica.

Mi conclusión es que España necesita mejores estadísticas públicas de criminalidad a escala de barrio. Sin ellas, cualquier clasificación nacional exacta corre el riesgo de mezclar delitos, percepción de inseguridad, pobreza y reputaciones históricas.

Para los residentes, lo verdaderamente útil sería conocer la evolución de robos, agresiones y otros delitos en su entorno, acompañada de datos sobre vivienda, empleo, educación e inversión pública. Solo así podríamos distinguir dónde empeora realmente la seguridad y dónde el problema principal es la exclusión social.